Por Pilar Dantés
Desde el pasado 31 de marzo entró en vigor la nueva normativa que prohíbe la venta y consumo de comida chatarra en todas las escuelas públicas y privadas del país. Esta medida forma parte del proyecto «Vida Saludable», impulsado por el gobierno federal con el objetivo de fomentar mejores hábitos alimenticios entre los estudiantes.
La implementación de esta regulación ha generado un intenso debate tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Mientras algunos sectores la consideran un avance en la salud infantil, otros cuestionan su impacto en la economía de los comercios escolares y la libertad de elección de los alumnos y padres de familia.
Durante un recorrido realizado en diversas escuelas de la zona sur de Tamaulipas, se recabaron opiniones de padres de familia, quienes, en su mayoría, expresaron su apoyo a la nueva medida. Además, se comprometieron a colaborar para que sus hijos respeten la disposición y adopten hábitos alimenticios más saludables.
Sin embargo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) anunció que realizará auditorías en escuelas particulares y federales para verificar el cumplimiento de la normativa. Aquellas instituciones que incumplan podrán enfrentar multas de hasta $145,000 pesos, lo que ha generado preocupación entre algunos directores y administradores escolares.
Ante esta situación, la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas A.C. manifestó su compromiso de vigilar que todas las escuelas cumplan con la disposición. Su presidente, el Lic. David Hernández Muñiz, aseguró que la organización brindará apoyo a los padres de familia y alumnos en caso de que se presenten inconvenientes con la implementación de la medida.
A medida que avanza la aplicación de esta normativa, la discusión sobre sus efectos en la comunidad escolar y su viabilidad a largo plazo continúa abierta. Las autoridades han reiterado que el objetivo principal es mejorar la salud infantil, aunque los retos en su cumplimiento aún están por resolverse.