Por Pilar Dantés
Tampico, Tamaulipas.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación por la reciente aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que representa un retroceso para la justicia constitucional y pone en riesgo la certeza jurídica en el país.
Aunque el organismo reconoció avances como las sanciones a autoridades que incumplan sentencias y la inclusión del interés legítimo colectivo, señaló que persisten restricciones que podrían limitar derechos fundamentales, frenar la inversión y afectar la generación de empleo.
La organización empresarial recordó que el juicio de amparo ha sido una herramienta clave para proteger a ciudadanos y pequeñas empresas frente a actos de autoridad.
Sin embargo, advirtió que los cambios aprobados pueden restringir el acceso a esta figura, especialmente en casos donde no se pueda demostrar un daño inmediato, dejando sin representación a comunidades, organizaciones sociales y negocios que históricamente han utilizado este recurso para defender causas sociales, ambientales o de salud pública.
Otro de los puntos críticos señalados por COPARMEX es la rigidez en la suspensión del acto reclamado, lo que limitaría la protección inmediata ante bloqueos de cuentas o créditos fiscales, afectando la operación de empresas y poniendo en riesgo empleos.
También alertó sobre las nuevas limitaciones para garantizar créditos, al excluir formas como inmuebles o negocios en marcha, favoreciendo únicamente a quienes cuentan con liquidez suficiente y perjudicando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, la confederación rechazó la reincorporación de un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría a juicios ya en curso y rompería con la certeza jurídica.
En ese sentido, COPARMEX hizo un llamado a la Cámara de Diputados a corregir el rumbo de la reforma, asegurando que “México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz”, capaz de proteger derechos, garantizar el Estado de Derecho y mantener la confianza en las instituciones.