Por Pilar Dantés
Tampico, Tamaulipas.- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico (CANACO Tampico) solicitó al Congreso Local, así como a diputados federales y senadores, posponer la discusión sobre la reforma laboral que busca reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas.
Eduardo Manzur Manzur, presidente del organismo, señaló que este cambio podría tener impactos negativos en la productividad, el empleo formal y la competitividad del país.
En su posicionamiento, la CANACO destacó que representa a más de 1,900 empresas en la región, y forma parte de una red empresarial nacional que incluye a más de 25 mil negocios en Tamaulipas y 258 cámaras en todo México.
Según datos presentados, este sector contribuye con el 66% del PIB nacional, el 70% del empleo formal y el 77% de la recaudación del IVA, entre otros indicadores clave.
La cámara argumenta que una reducción de jornada a 40 horas podría traducirse en una disminución de productividad, ya que actualmente, entre pausas obligatorias y tiempos efectivos, se laboran alrededor de 42 horas.
Bajo el nuevo esquema, señalan que se estaría pagando salario completo por apenas 34 horas productivas, lo que afectaría especialmente a los negocios familiares y pequeñas empresas.
Como alternativa, CANACO Tampico propuso una reforma laboral más integral con ocho puntos, entre los que destacan incentivos fiscales, deducción total de nómina, flexibilidad laboral voluntaria y la creación de un Observatorio de Transición Laboral con participación tripartita.
La organización sostiene que es necesario adaptar cualquier reforma a las realidades regionales y sectoriales, y no imponer medidas generalizadas que puedan generar mayores niveles de informalidad.
Finalmente, el organismo empresarial reiteró que no se opone al cambio, pero consideró que 2025 y 2026 no son años adecuados para reformas laborales adicionales, debido al bajo crecimiento económico previsto y la incertidumbre por la renegociación del T-MEC.
Proponen retomar el debate en otro momento, una vez que existan mejores condiciones económicas y se garantice un proceso consensuado con el sector empresarial.