Por Pilar Dantés
Para frenar el acceso de menores de edad a bebidas alcohólicas y cigarros, la diputada local Úrsula Patricia Salazar anunció que presentará una iniciativa que busca sancionar a los repartidores a domicilio que entreguen estos productos a jóvenes.
“Mañana pondremos en la mesa una iniciativa que creo que es muy importante, donde queremos que entre en el Código Penal una sanción a todos los repartidores que entreguen vicios como pueden ser bebidas alcohólicas, bebidas preparadas, cigarros a menores de edad, etc”, señaló la legisladora.
Explicó que la propuesta contempla una reforma al Código Penal, cuyo objetivo es cerrar un vacío legal que ha permitido a menores obtener estos productos a través de servicios de entrega a domicilio. La sanción específica aún está en discusión dentro de la comisión correspondiente, pero se busca establecer un castigo claro para quienes incumplan la normativa.
Salazar destacó que el consumo de alcohol y tabaco entre jóvenes ha ido en aumento, en gran parte debido a la facilidad con la que pueden adquirirlos a través de repartidores.
“Porque se les ha hecho muy fácil a los menores y el consumo ha ido en aumento, por lo que esta iniciativa la pondremos el día de mañana para que también se revisen comisiones”, agregó.
La propuesta busca que los repartidores sean responsables de verificar que la entrega de estos productos se haga a un adulto.
“La iniciativa es que todo repartidor en moto o en carro, que saben que se hace no comúnmente, que no se entregue a menores de edad, sino a un adulto, y haya un responsable del consumo de eso, porque si bien no se vende en expendios a menores de edad, tampoco se les entregue por parte de repartidores cuando van a domicilios”, subrayó.
La diputada mencionó que esta iniciativa surge a raíz de preocupaciones expresadas por padres de familia, quienes han señalado que, al reunirse en casa de amigos, los jóvenes pueden pedir estos productos sin control. Para fortalecer la propuesta, se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con quienes se analizarán las sanciones a imponer.
Salazar reiteró que la intención no es solo generar conciencia sobre el problema, sino establecer una regulación efectiva que evite que menores de edad puedan acceder a estos productos de manera sencilla y sin supervisión.