Por Samantha Dantés
Ciudad Madero, Tamps.- La actuación de una jueza de control en un juicio de custodia familiar ha sido duramente cuestionada por un grupo de litigantes, quienes acusan un manejo parcial del caso y una posible intromisión fuera del marco legal.
Se trata de un proceso que involucra a una menor de 15 años, quien tras la muerte de su madre quedó al cuidado de su abuela y su hermana mayor. A pesar de existir una denuncia penal contra el padre por presunto abuso, el juzgado ordenó su restitución inmediata bajo medidas cautelares, incluso con intervención de la fuerza pública.
De fondo, los abogados de la familia materna sostienen que la jueza ha rebasado sus funciones al involucrarse de forma directa en el rumbo de las resoluciones, incluyendo presuntas gestiones con otros órganos jurisdiccionales. Consideran que este tipo de intervenciones comprometen la independencia judicial y alteran el equilibrio del proceso.
El expediente ha escalado a otras instancias: se promovieron amparos para frenar la ejecución de las medidas impuestas y se han presentado denuncias ante la Judicatura y la Fiscalía especializada, con el fin de esclarecer el proceder de la funcionaria.
Aunque la batalla legal continúa, el tema central se mantiene: una adolescente que ha manifestado su negativa a regresar con su padre y un sistema que, según los litigantes, no está garantizando que su voz sea tomada en cuenta como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
Por ahora, la menor permanece resguardada con su familia materna, mientras se resuelve el fondo del conflicto en tribunales civiles y penales. El caso ha encendido alertas dentro del gremio jurídico por el riesgo de que prácticas como ésta pongan en entredicho el principio de imparcialidad y la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.